Contexto

Contexto Histórico

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, y aprobado en el Congreso el 30 de noviembre de 2016, permite el desarrollo del articulo 22 de la Constitución Política Colombiana, la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

Entre 2012 y 2016, gracias a las negociaciones de paz y los ceses al fuego bilaterales, se salvaron 3.695 vidas por la vía de una drástica disminución de homicidios en combate (de acuerdo con el reporte del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC). Según el Hospital Militar Central, entre enero y noviembre de 2017 solo 24 integrantes de la Fuerza Publica fueron atendidos por heridas en combate, 400 menos que los atendidos en 2011.

Paradójicamente, si bien los muertos en combate se han reducido exponencialmente, los asesinatos selectivos a líderes sociales han aumentado de manera igualmente exponencial. Según el informe anual de Somos Defensores, durante el año 2017, fueron contabilizados 106 asesinatos de defensores de Derechos Humanos, un incremento de 32% con respecto a 2016 (80 asesinatos). Se constataron igualmente 650 agresiones, 370 amenazas, 50 atentados y 23 detenciones arbitrarias. Entre el 17 de junio y el 5 de julio, tres semanas luego de la segunda vuelta de la elección presidencial se cuentan más de 30 asesinatos de líderes sociales. Es decir, mientras los muertos en el marco de la guerra disminuyen, los asesinatos selectivos a líderes sociales aumentan. Una nueva ola de violencia política pone en riesgo el ejercicio de la democracia. Este contexto pone en evidencia que aún queda mucho por hacer para construir una paz estable y durable.

Según la Unidad de Víctimas, 8.346.422 personas han sido víctimas de crímenes en el marco del conflicto armado tales como, desplazamiento forzado, despojo de tierras, amenazas, desaparición forzada, homicidio, delitos sexuales, entre otras.

El Acuerdo de Paz contempla medidas que no solo aseguran el Cese al Fuego y Hostilidades entre las partes en conflicto sino que garantizan también el restablecimiento de derechos de las víctimas.

Gracias al punto 1 de Reforma Rural Integral es posible restaurar los derechos de propiedad privada de las tierras despojadas. El punto 2 de Participación Política abre la posibilidad de garantizar representación democrática a través de 16 curules especiales de paz exclusivamente designadas para las víctimas. El punto 4 busca dar solución al problema de las drogas ilícitas estrechamente vinculado a las causas del conflicto. El punto 5 de Víctimas busca garantizar los derechos de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición a esas ocho millones de víctimas a través de un mecanismo de justicia transicional.

Implementación del acuerdo en el derecho colombiano

Los alcances del Acuerdo Final van entonces más allá del cese al fuego y hostilidades para convertirse en un mecanismo de construcción de paz con el conjunto de la sociedad colombiana, un mecanismo de reparación y restablecimiento de derechos de las víctimas.

La incorporación del Acuerdo Final al ordenamiento jurídico colombiano operó a través del Acto Legislativo 002 de 2017 que adicionó un artículo transitorio a la Constitución Colombiana así:

“En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a las normas del Derecho Internacional Humanitario o derechos fundamentales definidos por la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatorios parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las normas constitucionales.

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”

Compromisos internacionales del Estado Colombiano

El Gobierno Colombiano depositó el Acuerdo de Paz ante el Consejo Federal Suizo, en el marco del artículo 3 (común) de los Convenios de Ginebra, sobre la base de que este Acuerdo desarrolla y garantiza el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Fue así recibido por el gobierno suizo bajo el principio político de apoyo al proceso de paz en Colombia.

En junio de 2015, en el marco de la cumbre UE-CELAC, la Unión Europea anunció formalmente la creación de un Fondo Fiduciario de Paz con la participación de la Comisión Europea y la donación de 19 países con el objetivo de contribuir a la aplicación de las disposiciones establecidas en el Acuerdo y ayudar a la población colombiana a superar las consecuencias negativas de 50 años de conflicto armado interno.

El Acuerdo Final fue igualmente depositado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través de su Secretario General. El Consejo de Seguridad ha emitido al menos cinco resoluciones (2261/16; 2307/16; 2366/17; 2377/17; 2381/17) que reafirman la solidez del Acuerdo de paz y el compromiso de las Naciones Unidas como garante de su aplicación a través de las dos misiones de verificación que ha llevado a cabo.

Además de unas obligaciones jurídicas internas, El Estado colombiano ha adquirido así un compromiso ante la comunidad internacional en la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Paz.